Pacto para un gobierno
catalanista y progresista
(Traducido del catalán)
I. LA PROFUNDIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO Y LA ELABORACIÓN DE
UN NUEVO ESTATUTO
1.- Acuerdo nacional sobre
el Autogobierno y la financiación
1.1.- Procedimiento.-
1. El Gobierno impulsará de manera inmediata un
Acuerdo Nacional sobre el Autogobierno y la financiación que incorpore a todas
las fuerzas políticas del país en la preparación de las acciones necesarias
para ampliar el alcance del autogobierno, elaborar un nuevo Estatuto y adoptar
un nuevo sistema de financiación.
2. Según este acuerdo, el Gobierno —en colaboración
con otras instituciones y entidades— pondrá en marcha un proceso de
sensibilización y compromiso cívicos para explicar las razones que fundamentan
la mejora del autogobierno y la adopción de un nuevo Estatuto.
3. En el parlamento se constituirá la ponencia
conjunta de todos los grupos, encargada de elaborar un proyecto de nuevo
Estatuto y el resto de las proposiciones de ley que han de conducir al objetivo
mencionado. La ponencia abrirá un proceso de consulta con las entidades
sociales, económicas, culturales y otras representaciones de la sociedad civil.
4. En la tramitación parlamentaria, las fuerzas
políticas que suscriben este pacto de gobierno se esforzarán para que la
aprobación final de los textos elaborados cuente en la Cámara catalana con el
voto favorable de la cantidad más amplia posible de diputados y diputadas, como
expresión del Acuerdo Nacional que fundamenta.
5. Las fuerzas políticas que suscriben el pacto de
gobierno se comprometen a invitar a los ayuntamientos, otros entes locales y
entidades públicas y privadas a expresar su adhesión a la propuesta
parlamentaria.
6. El proyecto de nuevo Estatuto aprobado por el
Parlamento será tramitado en las Cortes Generales antes de la primavera del año
2005 y el proceso de su elaboración culminará con la convocatoria del
preceptivo referéndum.
7. Durante todo este proceso, las fuerzas políticas
que suscriben este pacto de gobierno se comprometen —en el marco del Acuerdo
Nacional sobre el Autogobierno— a impulsar todas las de explicación, diálogo y
búsqueda de acuerdo con las fuerzas políticas del Estado y con el conjunto de
su sociedad civil.
1.2.- Actuaciones en caso de
obstaculización o bloqueo del proceso.-
En caso de dilación indebida
en la tramitación, no tomada en consideración, impugnación o inadecuación
substantiva del resultado final con la propuesta aprobada en Cataluña que
representen una obstaculización o bloqueo del proceso, la ciudadanía catalana será
llamada a pronunciarse mediante el procedimiento de consulta general que se
estime más adecuado en aquella circunstancia sobre su adhesión al texto
estatutario aprobado por el Parlament.
En cualquier caso, el
Gobierno y las fuerzas políticas incorporadas al Acuerdo Nacional emprenderán
todas las iniciativas jurisdiccionales, legislativas y políticas que conducen a
hacer respetar la voluntad expresada por el Parlament de Cataluña.
2.- CONTENIDO
2.1. La consideración
constitucional de la Generalitat como Estado.-
La consideración
constitucional de la Generalitat como Estado no ha tenido una traducción
suficiente en la composición, competencias y distribución de las instituciones
comunes del Estado. La legislación posconstitucional no se corresponde con los
principios inspiradores del pacto originario de 1978: el principio que
convierte las instituciones de autogobierno de las nacionalidades y regiones en
Estado, el principio de la plurinacionalidad de España y el principio de
autonomía que ha de informar el ejercicio de las competencias estatales y la
configuración de sus instituciones. Por eso, se hace necesario rectificar
algunas disposiciones legales y avanzar en el despliegue de otras posibilidades
no consideradas hasta ahora, que se especifican a continuación. En este
sentido, las fuerzas políticas que suscriben el pacto promoverán que el
Parlament haga uso de su derecho de iniciativa legislativa ante Las Cortes en
aquellos casos en que sea necesario. Con tal finalidad, se proponen:
* Promover la intervención de la Generalitat en la
designación de los miembros de instituciones generales del Estado (Tribunal
Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas,
Consejo Económico y Social).
* Establecer la participación de la Generalitat en los
trámites previos a la designación de los miembros de los organismos, agencias y
empresas estatales, las intervenciones de las cuales afecten a todo el
territorio español (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores,
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, Agencia de Protección de Datos, Consejo de RTVE, etcétera)
y promover que las sedes de los organismos nombrados en los dos apartados
anteriores sean distribuidas para todo el territorio del Estado.
* Proponer la revisión de las competencias, composición
y elección del Senado, convirtiéndolo en cámara de representación efectiva de
las CCAA y de su participación en la formación de la voluntad estatal y como
expresión del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del
Estado.
* Proponer la reforma normativa necesaria para agilizar
el ejercicio de la iniciativa legislativa ante Las Cortes Generales por parte
de las CCAA.
* Reformar la legislación sobre administración de
justicia para adaptar su estructura a la naturaleza compuesta por el Estado,
atribuir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las funciones de Tribunal
de Casación para resolver en última instancia los recursos judiciales iniciales
en el territorio de su jurisdicción, asegurar la intervención de la Generalita
en la fijación de la planta y demarcación judicial e integrar su personal no
judicial en la función pública catalana; instituir la justicia municipal en los
grandes núcleos urbanos y la Fiscalía General de Cataluña.
* Impulsar las reformas legales que faciliten los
mecanismos de colaboración entre las instituciones estatales y la Generalitat y
entre la Generalitat y el resto de CCAA, especialmente en relación con el
establecimiento de convenios y acuerdos intercomunitarios y de órganos
permanentes de colaboración interterritorial.
* Regular el estatuto del Presidente de la Generalitat
como representante ordinario del Estado en Cataluña, modificando la LOFAGE y
otras disposiciones en la materia.
* Impulsar la transferencia de las funciones ejecutivas
del Estado en el territorio de Cataluña en la Generalitat, para convertirla
progresivamente en única administración responsable de las competencias
autonómicas y estatales, mediante las previsiones del art. 150 de la CE y la
modificación necesaria de la LOFAGE.
Respecto al reconocimiento
de la plurinacionalidad del Estado y de sus aspectos simbólicos y culturales,
las partes adoptarán las iniciativas legislativas y políticas necesarias para:
* Incorporar al currículum estatal de todos sus niveles
de enseñanza obligatoria las materias que expresan la diversidad cultural y
lingüística.
* Tomar las iniciativas políticas y legales que lleven al
reconocimiento de la realidad plurilingüística del Estado en su denominación
oficial, en los registros públicos, la emisión de moneda y sellos, el DNI y el
pasaporte y el etiquetado de productos.
* Promover la declaración del catalán y de las demás
lenguas del Estado como lenguas cooficiales en todo su territorio y su
declaración como lenguas oficiales de la UE.
* Impulsar por vías legislativa y política la creación de
un Consejo de las Culturas encargado de llevar a cabo las funciones previstas
en el art. 149.2 CE y en el cual se irán transfiriendo estas funciones por
parte del Gobierno del Estado.
* Establecer el requisito de utilización de las diversas
lenguas cooficiales en las condiciones de las concesiones administrativas para
la comunicación audiovisual.
* Fomentar por parte de la Generalitat la actividad
cultural en las lenguas reconocidas en el EAC.
* Promover la presencia internacional de las selecciones
deportivas de Cataluña.
2.2.- Redefinición del
ámbito competencial de la Generalitat
La profundización del
autogobierno tendrá que ser garantizado por un desarrollo federal del pacto
constitucional y estatutario, que ha de articular adecuadamente la España
plural y el reconocimiento de Cataluña como nación. Mediante este desarrollo
federal, se crearán espacios más amplios de participación democrática para
compartir proyectos colectivos que nacen de la autonomía individual y de la de
las ciudades, regiones y nacionalidades o naciones.
En especial se considera
necesario subrayar que la revisión del autogobierno y la elaboración del nuevo
Estatuto han de incorporar:
* Respecto al despliegue normativo del Estatut
- Aprobar proyectos de ley en materias de competencia
reconocida y no abordada hasta ahora por el Parlamento catalán: por ejemplo,
ordenación de la enseñanza, investigación, política familiar, ordenación del
sector industrial o régimen electoral.
- Activar las previsiones estatutarias no
implementadas en materia de delegación o gestión de competencias, por ejemplo,
la cláusula subrogatoria en materia de justicia o de gestión de
infraestructuras de interés general.
- Promover el desarrollo y el conocimiento del derecho
público y del derecho civil de Cataluña como instrumentos de regulación de una
convivencia nacional orientada por los valores de la equidad, la libertad, la
igualdad, la justicia social y el pluralismo democrático.
* Respecto a la asunción de competencias ejecutivas
- Impulsar la intervención de la Comisión Mixta para
completar los traspasos pendientes y, en caso de desacuerdo en la Comisión
Mixta, insistir en el conflicto de competencia ante el TC o atribuyendo facultades
en este punto a un senado reformado. Se recomienda impulsar la modificación de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que incorpore un
procedimiento específico para resolver las situaciones de desacuerdo en esta
materia.
- Adoptar las iniciativas legislativas y ejecutivas
necesarias para adecuar progresivamente la Administración periférica del Estado
en cuanto a las competencias realmente ejercidas por ésta en el ámbito
territorial catalán y promover la unificación de la atención administrativa al
ciudadano a través de los acuerdos institucionales que correspondan, por la vía
del art. 150.2 CE y reformando la Ley Orgánica de Funcionamiento de la
Administración General del Estado (Ley 6/1997).
- Aprobar los proyectos de ley de ordenación
territorial, instituyendo la demarcación de la vaguería como ámbito de
descentralización de la Generalitat y de cooperación municipal, promoviendo,
cuando corresponda, la reforma de la legislación estatal sobre régimen local
para el reconocimiento de esta demarcación por parte del Estado.
- Ejercer por parte de la Generalitat la potestad
reglamentaria que le pertoca cuando se trate de sus competencias ejecutivas y
recorrer a los instrumentos jurisdiccionales adecuados cuando esta potestad sea
invadida competencialmente por el Gobierno del Estado.
- Adoptar las iniciativas legislativas y políticas
para que la Presidencia de la Generalitat asuma el mando y la coordinación de
las fuerzas y cuerpos de seguridad en todo lo que afecta a la seguridad interna
de Cataluña.
* Respecto a la recuperación de la repartición
competencial potencialmente incorporado a la CE y a la EAC
- Recuperar —mediante el acuerdo político, la
iniciativa legislativa o la actuación jurisdiccional ante el TC— una
interpretación no expansiva de las competencias estatales en la normativa
básica y las leyes orgánicas, así como de las competencias transversales (por
ejemplo, cultura, legislación sobre RTVE, bases del régimen local, derecho a la
educación, sistema educativo, comercio monorista, sanidad, poder judicial,
espacios naturales).
- Hacer uso de la iniciativa legislativa del Parlament
ante Las Cortes para reformar las leyes cuando puedan limitar las
potencialidades del autogobierno, revisando las leyes orgánicas, la legislación
básica y otras normas estatales que desbordan el establecimiento de principios
o reglas fundamentales en materias de competencia autonómica (entre ellas, las
que afectan al régimen jurídico de las administraciones públicas, puertos y
aeropuertos, media ambiente, radio y televisión, inmigración, seguridad pública
o función pública notarial y registral).
- Instar la modificación de la normativa estatal
pertinente en referencia a la definición de los principios de territorialidad e
interés general y establecer convenios con otras comunidades autonómicas,
cuando los límites de la territorialidad puedan significar un obstáculo a la
adecuada prestación de servicios y funciones de titularidad autonómica.
- Interponer recursos de inconstitucionalidad en caso
de nueva legislación estatal restrictiva de la interpretación de la competencia
autonómica.
* Respecto a la ampliación de competencias estatutarias:
- Incorporar al nuevo Estatuto las competencias
sobrevenidas después de la aprobación del Estatuto de 1979 (policía de
tránsito, medios de comunicación públicos).
- Recurrir a la previsión del art. 28 de la EAC para
impulsar la aplicación del art. 150.1 y 2 CE en materia de ampliación de
competencias, por ejemplo, en el ámbito de la inmigración.
- Ampliar competencias legislativas y/o ejecutivas de
la Generalitat, entre otras, en las materias siguientes:
a. Régimen y procedimiento jurídico, función pública y
contratación administrativa
b. Administración local
c. Administración de justicia
d. Función pública notarial y
registral
e. Ordenación económica general
f. Financiación y administración
tributaria. Juegos y apuestas
g. Políticas sociales: sanidad,
seguridad social y servicios sociales
h. Cultura, deportes y medios de
comunicación
i. Enseñanza/Educación,
universidades e investigación
j. Medios de comunicación,
radiotelevisión y telecomunicaciones
k. Seguridad pública
* Respecto a la resolución de conflictos eventuales en
el proceso de adopción de un nuevo Estatuto
- Promover una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional que incremente las actuales posibilidades de arbitraje de este
Tribunal en lo referente a posibles conflictos sobre la tramitación de reforma
estatutaria y de otras leyes orgánicas de particular trascendencia en materia
de autogobierno.
II. REFUERZO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL SISTEMA
POLÍTICO.-
El sistema político catalán
pide —después de un cuarto de siglo de funcionamiento— una revisión de su
diseño institucional y una corrección de las causas que provocan el alejamiento
ciudadano de las instituciones y la desconfianza respecto a sus decisiones.
Respecto a la revisión de
las instituciones del autogobierno, las partes adoptarán las siguientes
medidas:
* Elaborar el proyecto de ley sobre elecciones al
Parlamento de Cataluña, con garantía de la proporcionalidad, la igualdad de
voto, la equidad de género, las condiciones territoriales y la representación
de los catalanes residentes en el extranjero. Esta ley prevé los aspectos de
financiación y gasto de las fuerzas políticas.
* Adoptar, con relación al punto anterior, la iniciativa
legislativa conducente a otorgar a la Sindicatura de Cuentas la potestad de
fiscalización de las cuentas de los partidos y de su gasto efectivo en las
campañas electorales y en su funcionamiento ordinario.
* Reformar la Ley 3/1982, limitando la reelección
indefinida del Presidente de la Generalitat y estableciendo una duración
temporal máxima en el ejercicio del cargo.
* Impulsar la reforma del Reglamento del Parlament para
agilizar sus procedimientos, incrementar la frecuencia de las sesiones
plenarias, facilitar sus funciones de impulso y control, la participación
social y la expresión del pluralismo político.
* Incorporar a la reforma del Reglamento del Parlament
la creación de una Oficina Presupuestaria destinada a potenciar la capacidad de
control parlamentario sobre la gestión presupuestaria y financiera del
Ejecutivo y la evaluación de sus políticas y de su producción normativa.
* Reformar la Ley 2/1995 de iniciativa legislativa
popular, facilitando una mayor participación de la ciudadanía en el proceso
legislativo.
* Impulsar las iniciativas necesarias para que la
Generalitat asuma competencias en la realización de referendos y consultas
populares directas y regule otras formas de participación —núcleos de
intervención participativa, consejos ciudadanos, etcétera—, para fomentar el
uso en los ámbitos local y nacional.
* Reformar de las leyes reguladoras de los organismos
consultivos y fiscalizadores de la Generalitat (Consejo Consultivo, Sindicatura
de Cuentas, Consejo del Audiovisual) para facilitar el ejercicio de sus
funciones, mediante la dotación adecuada de recursos, la revisión de las
competencias, la definición de su responsabilidad política, los procedimientos
de designación y revocación parlamentaria de sus miembros y la limitación de
sus mandatos.
* Incorporar a las leyes reguladoras de los organismos
consultivos y fiscalizadores de la Generalitat la facultad de las
organizaciones sociales, cívicas y culturales de presentar a los grupos
parlamentarios candidatos a la elección de sus titulares (Consejo Consultivo,
Sindicatura de Cuentas, Consejo del Audiovisual).
* Incorporar a la Reforma del Reglamento del Parlament
el trámite perceptivo de comparecencia previa de los candidatos a ocupar
determinados cargos públicos, para examinar su idoneidad.
* Reformar las normativas necesarias para eliminar las
sesiones secretas del Parlament y de otras instituciones de carácter
representativo, excepto los casos que puedan afectar al derecho a la intimidad
o a la seguridad.
* Reformar la ley de publicidad institucional y reforma
del decreto que la despliega para controlar con efectividad su uso por parte de
las instituciones públicas y evitar su utilización partidista.
* Reformar la ley sobre encuestas y estudios de opinión
para garantizar su calidad técnica, el acceso y publicidad de sus resultados y
el control parlamentario de su ejecución.
Respecto a la regeneración
democrática, la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción,
se adoptarán las siguientes medidas:
* Reformar la Ley 6/1984 de la Sindicatura de Cuentas
con el objetivo de asegurar la independencia, la profesionalidad y la eficacia,
atribuyendo facultades de auditoría de gestión y eficiencia sobre la actuación
de las administraciones públicas.
* En el marco de la modificación legal antes mencionada,
crear en el sí de la Sindicatura una Oficina Anticorrupción, destinada a
preservar la transparencia y el funcionamiento ético del sistema público y
especializada en evitar las prácticas irregulares en las concesiones y
contrataciones de bienes y servicios del sector público.
* Aplicar de forma inmediata a la Administración
autonómica los convenios del Consejo de Europa relativos a la lucha contra la
corrupción.
* Informar al Parlament antes de acabar el año 2004 sobre
los asuntos objeto de procedimiento judicial o de petición de creación de
comisión parlamentaria de investigación durante la última legislatura, así como
de la tramitación de todas las concesiones y de sus prórrogas otorgadas en los
últimos dos años, mediante los procedimientos y auditorías que correspondan.
* Revisar el régimen de incompatibilidades de los altos
cargos de la Administración y establecer la obligación de declaración pública
de su patrimonio, intereses y otras actividades profesionales y mercantiles.
* Establecer criterios objetivos y procedimiento
transparentes en las convocatorias destinadas a la contratación de obras y
servicios, así como a la concesión de subvenciones para entidades y actividades
privadas o sociales para evitar el clientelismo político.
* Incorporar a las condiciones sobre contratación
pública la evaluación de la situación de las empresas concursantes en materia
de responsabilidad social, seguridad laboral y respeto al medio ambiente.
* Establecer el acceso a través de la red de Internet y
en cualquier caso hacer públicos todos los contratos que establecen con
proveedores de bienes y servicios la Administración de la Generalitat y las
sociedades y fundaciones con participación mayoritaria de la Administración
autonómica.
* De manera especial, adoptar las medidas legales
necesarias para hacer públicos y accesibles a través de la red de Internet los
convenios y operaciones urbanísticos en los que participen las administraciones
catalanas.
* Hacer públicas las condiciones contractuales y
retributivas del personal —incluido el eventual— al servicio directo de la
Administración de la Generalitat, de los organismos vinculados y de las
empresas donde ésta tiene participación mayoritaria.
Respecto a la gestión de los
servicios públicos y de la regulación de su personal, las partes se comprometen
a adoptar las medidas siguientes:
* Desconcentrar la administración de la Generalitat y
descentralizar la prestación de servicios de su competencia en beneficio de los
entes locales para acercar su gestión a los ciudadanos y a los territorios.
* Fomentar la concertación con otros actores públicos,
sociales y privados para diseñar y, en caso de requerirse, gestionar la
aplicación de políticas públicas.
* Establecer procesos preceptivos y periódicos de
evaluación de los servicios de la administración, de los organismos autónomos,
agencias y empresas públicas.
* Aprobar y publicar los criterios que han de orientar las
diversas formas de gestión de los servicios y su eventual externalización,
estableciendo contratos programa y sistemas de control por resultados con las
agencias, empresas públicas, organismos y entidades concertadas.
* Aprobar una Carta de los ciudadanos que establezca os
principios básicos que habrán de regir las relaciones de las administraciones
con los ciudadanos.
* Potenciar la información, tramitación y servicios
públicos vía Internet y vía teléfono, reforzando la AAC (Administración Abierta
de Cataluña) como una red en la que los gobiernos locales ocupen una posición
central y establecer acuerdos con otras administraciones para ofrecer trámites
integrados a los ciudadanos.
* Establecer el acceso a través de la web de las
actuaciones, documentos, informes, contratos y recursos de la administración,
preservando las garantías de confidencialidad y privacidad que la ley
prescribe.
* Definir —de acuerdo con el conjunto de administraciones
y organismos públicos de Cataluña— un sistema de función pública catalana que
facilite la gestión de políticas y programas interadministrativos, que genere
sinergias entre las administraciones catalanas y que facilite la movilidad del
personal entre las diversas administraciones de Cataluña.
* Convocar con periodicidad regular los concursos y
oposiciones de personal funcionario para reducir la interinidad, evitar la
discrecionalidad y el favoritismo en la provisión provisional de los lugares de
trabajo y reforzar el respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad
de oportunidades.
* Aprobar el estatuto del directivo público, con un
sistema adecuado para su formación, promoción y reclutamiento, que se
fundamentará en criterios públicos de mérito y capacidad.
III. PRESENCIA DE LA
GENERALITAT EN LA UNIÓN EUROPEA, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y RELACIONES
EXTERIORES.-
En un mundo globalizado,
Cataluña es también un actor de hecho en muchas relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales, que afectan a los derechos y los intereses
de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. De manera especial, se debe
considerar la presencia de la Generalitat en el ámbito de una Europa cada vez
más integrada en la UE. El gobierno reforzará esta participación y su
efectividad, adoptando las medidas siguientes:
· Ratificar las resoluciones y iniciativas legislativas
del Parlamento de Cataluña para garantizar la participación de la Generalitat y
de las otras CCAA en la formación de la voluntad estatal en las instituciones
comunitarias.
· Asegurar, igualmente, la participación ordinaria de la
Generalitat y de las otras CCAA en la representación española delante del
Consejo Europeo, del COREPER, de los Comités y de los Grupos de Trabajo del
Consejo y de otros órganos auxiliares cuando se traten materias de competencia
autonómica.
· Ejercer por delegación estatal la representación
española en las instituciones de la UE, cuando se traten materias de
competencia autonómica, de acuerdo con el art. 203 del Tratado de la Unión.
· Asumir de forma plena por parte de la Generalitat la
ejecución del derecho comunitario –es decir, su transposición en el derecho
interno- en el ámbito de sus competencias, tal y como establece el art. 27.3
EAC
· Ampliar y asegurar la intervención de la Generalitat y
de las demás CCAA en las actuaciones del Estado delante del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas cuando se trate de la defensa de las
competencias e intereses autonómicos y tal y como se produce en los otros
Estados compuestos.
· Facilitar la participación de las CCAA en las
relaciones del Estado con el Consejo de Europa y sus órganos y, en especial
promover la cooperación entre el Parlamento de Cataluña y la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
· Incorporar una representación de la Generalitat en la
delegación estatal en organismos internacionales cuando se traten materias de
su competencia.
· Promover la presencia de la Generalitat en organismos
que acepten la participación de entidades subestatales y tienen objetivos
relacionados con competencias autonómicas (por ejemplo, UNESCO, Organización
Mundial del Turismo, etc.).
· Participar en la negociación de tratados
internacionales sobre materias de interés autonómico.
· Establecer acuerdos internacionales con otras
entidades políticas sobre materias de competencia de la Generalitat,
especialmente en cuanto a la colaboración transfronteriza
· Impulsar la participación de la Generalitat en los
fórums y organizaciones internacionales, donde haya presencia de entidades
políticas subestatales y facilitar su adhesión a los acuerdos y tratados que
contribuyan a la consecución de un mundo más justo y solidario.
· Establecer la cooperación permanente con las
instituciones representativas de la comunidad lingüística catalana en materia
económica, cultural y de servicios en el marco de la UE.
· Promover la coordinación de políticas económicas,
sociales y culturales en el conjunto de los territorios del denominado “arco
mediterráneo” en el marco de la UE, avanzando hacia la construcción de la
Euroregión Pirineos-Mediterránea.
· Revisar las leyes estatales que transponen directrices
o ejecutan reglamentos comunitarios a partir de competencias básicas para hacer
efectivo lo que establece el art. 27.3 EAC, en materia de tratados y convenios
internacionales.
· Hacer uso del artículo 27.4 EAC y, en su caso,
reformarlo para ampliar sus posibilidades en materia de acuerdos y tratados de
contenido académico, lingüístico y cultural.
· Establecer una oficina de relaciones del Parlamento de
Cataluña con el Consejo de Europa.
· Establecer agencias públicas de representación
institucional de la Generalitat allá donde lo aconsejen circunstancias de
carácter político, económico, cultural o de otro tipo.
IV. COLABORACIÓN ENTRE LA
GENERALITAT Y LOS GOBIERNOS LOCALES
La importancia del gobierno
local en la Cataluña actual y su tradición municipalista obligan a fijar unas
bases sólidas de colaboración entre la Generalitat y los entes locales en
beneficio de los ciudadanos, de la protección de sus derechos y de la
satisfacción de sus necesidades. Por esta razón, es objetivo del Gobierno
adoptar las medidas que acaben con años de desconfianza, faciliten una
colaboración leal entre niveles de gobierno, mejoren la eficacia y la
eficiencia de sus actuaciones y lleven al reconocimiento ciudadano del papel
positivo que tienen todas las administraciones.
El nuevo gobierno fomentará
políticas de concierto entre la Generalitat y las diferentes instituciones de
ámbito local: ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y otros
organismos supramunicipales.
Se debe poner fin al
enfrentamiento entre las redes institucionales y de equipamientos paralelas,
inaugurando una política de colaboración y concentración de los recursos
presupuestarios disponibles e implantando una gestión eficiente y profesional;
especialmente en sectores esenciales como los de la cultura, bienestar social,
enseñamiento y medio ambiente.
Para hacer efectivo este
programa de gobierno es urgente llevar a cabo la reforma de la organización
territorial de Cataluña y proceder a la desconcentración y descentralización de
competencias y recursos a favor de los gobiernos locales. De esta manera se
garantizará la igualdad de condiciones y oportunidades entre todos los
ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, con independencia de su lugar de
residencia. Éstas son las medidas principales del gobierno:
· Traspasar a los Ayuntamientos algunas competencias en
materia de educación, vivienda, inmigración, bienestar social, atención
sanitaria primaria y políticas de ocupación activas, con las condiciones y con
la financiación necesaria para ejercerlas adecuadamente.
· Aumentar el Fondo de Cooperación Local de Cataluña
para mejorar la financiación municipal.
· Aprobar iniciativas legislativas y medidas de gobierno
que incentiven la cooperación y presentación conjunta de servicios entre los
municipios, con la formación de mancomunidades y comunidades de municipios,
especialmente entre los de menor dimensión.
· Impulsar medidas para conseguir unos consejos
comarcales más municipalistas, con un tratamiento heterogéneo en el ejercicio
de funciones de suplencia, asistencia y cooperación.
· Reunir en un único organismo prestador de servicios,
los servicios, los diversos instrumentos de intervención pública que actúan
sobre la conurbación metropolitana de Barcelona.
· Reconocer los Alcaldes como representantes ordinarios
de la Generalitat en sus respectivos municipios.
· Atorgar a los Alcaldes el mando único de las fuerzas de
seguridad en sus territorios.
· Favorecer las condiciones que hagan posible la fusión
del ACM y la FMC en una gran entidad municipalista catalana.
· Impulsar la culminación del proceso de aprobación de la
Carta Municipal de Barcelona, instando al Gobierno y las Cortes del Estado a
proceder a su tramitación inmediata.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Cataluña todavía no cuenta
con un sistema de financiación satisfactorio para el buen funcionamiento de su
autogobierno. La Generalitat se compromete a adoptar las medidas apropiadas en
el sentido de los puntos que siguen, iniciándose el proceso de solución
definitiva en la presente legislatura.
1. Constatamos el fracaso del acuerdo de financiación de
2001. La Generalitat adoptará las medidas apropiadas para proceder de forma
inmediata a su revisión, y en todo caso en la presente legislatura.
2. La necesaria revisión del acuerdo de financiación actual
se realizará a partir de la labor de la Comisión Mixta de Valoraciones
Estado-Generalitat establecida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dentro
de las responsabilidades que éste le encomienda como órgano bilateral de
negociación y aprobación de las relaciones fiscales entre la Generalitat de
Cataluña y el Gobierno central.
3. La Generalitat creará la Agencia Tributaria de Cataluña.
Esta agencia será responsable de la recaudación de los tributos propios,
cedidos y compartidos. La agencia establecerá las formas de coordinación y
consorcio que sean necesarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y, si procede, con los responsables de la gestión de los impuestos
en el resto del Estado. Anualmente, el Gobierno de Cataluña publicará un
informe sobre los flujos económicos, distinguiendo entre la aportación a la
prestación de servicios por parte del Estado y la aportación a los mecanismos
de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
4. La Generalitat tendrá una participación, en porcentajes
por determinar, en la totalidad de los impuestos pagados por los ciudadanos de
Cataluña (IRPF, IVA, sociedades, especiales y otros). En estos impuestos la
Generalitat dispondrá de responsabilidad tributaria y capacidad normativa.
5. Los ingresos por habitante de la Generalitat tenderán a
equipararse progresivamente con los obtenidos por la aplicación de los sistemas
de concierto y convenio vigentes en las comunidades autónomas forales.
6. Los ingresos de que disponga la Generalitat para la
prestación de sus servicios se atendrán a lo que establece el artículo 45 del
Estatuto deAutonomía de Cataluña y responderán a un criterio de igualdad de
ingresos per cápita, rectificados por tres factores que influyen en ellos
determinantemente: 1) costes diferenciales; 2) nivel efectivo de necesidades; y
3) factores demográficos, incluido el factor migratorio. En el caso de la
sanidad, será necesario contemplar también la existencia de centros de
excelencia i el número de usuarios desplazados de otras comunidades autónomas.
7. La inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña
se fijará con tendencia a equipararse al porcentaje del PIB, teniendo en cuenta
la compensación apropiada por los déficit acumulados. Este cómputo se realizará
con carácter plurianual y se creará una comisión integrada por los
representantes de los tres niveles de administración. La comisión, que estará
presidida por la Generalitat, programará la inversión de infraestructuras de
Cataluña (incluidas las infraestructuras de transporte y comunicaciones, de telecomunicaciones
y la inversión en I+D) y velará por el cumplimiento de este acuerdo.
8. La Generalitat contribuirá a la solidaridad con las otras
comunidades autónomas del Estado, de manera que los servicios prestados por las
diferentes comunidades autónomas a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles
similares realizando un esfuerzo fiscal similar. A efectos de calcular este
esfuerzo de solidaridad, se computará como contribución al Estado el exceso de
precios públicos y peajes pagados por Cataluña por encima de lo que le
corresponde a la vista de la media española por estos conceptos. El resultado
de la aplicación de los mecanismos de solidaridad será revisado quinquenalmente
para verificar sus efectos.
9. La aplicación de estos criterios ha de permitir avanzar
progresivamente en la reducción del déficit fiscal de Cataluña con el Estado,
de manera que en el plazo de diez años éste se equipare al de territorios de
nivel de renta relativa similar en otros países europeos. Asimismo, el Gobierno
de la Generalitat se compromete a plantear la superación del actual déficit de
Cataluña con el presupuesto comunitario, situación que no se da en ningún otro
territorio de un nivel de renta similar al de Cataluña con relación a la media
europea. El Gobierno se compromete a la publicación y actualización anual de
los estudios sobre la balanza fiscal de Cataluña, así como a una amplia
divulgación de sus resultados.
10. Este acuerdo vincula al Gobierno en la negociación de la
reforma del nuevo modelo de financiación autonómica durante la próxima legislatura. La incorporación de sus contenidos
en el proceso de reforma del estatuto se realizará de acuerdo con los
mecanismos y procedimientos previstos en este mismo documento en el apartado correspondiente
a la profundización del autogobierno y la elaboración de un nuevo estatuto, que
incluyen la participación de la sociedad civil y un acuerdo amplio de la
mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña.
POLÍTICA ECONÓMICA
I. EUROREGIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
Hoy, en un mundo
globalizado, con la aparición de nuevas economías emergentes, particularmente
en el Este de Europa, que pueden convertirse en altamente competitivas,
Cataluña, para reforzar su papel puntero dentro de la economía española y su
dinamismo en el contexto de las regiones económicas europeas, necesita
redescubrir y situarse en un espacio económico mucho más amplio.
Cataluña puede convertirse
en un núcleo esencial de una región europea que abarca el espacio de la antigua
Corona de Aragón y se extiende hasta Montpellier y Tolosa.
Una euroregión que se
extiende por el eje Mediterráneo, por el eje del Ebro, y que conecta el
Mediterráneo occidental con el núcleo de Europa, con al Norte de Italia y con
el Magreb.
Se trata de una aglomeración
de 17 millones de habitantes en la que Cataluña aporta el 36% de la población,
el 38% de los ocupados, el 46% de la fuerza de trabajo en la industria o el 36%
en los servicios.
A) Consolidar la Euroregión del Arco Mediterráneo.
1. Desarrollaremos una estrategia económica de Cataluña
que pasa por reforzar las relaciones económicas de todo tipo dentro de este
espacio.
Cataluña se configura como
un espacio rótula entre estos territorios. Tenemos que convertir Cataluña en el
centro productivo, logístico, cultural, de ocio y de consumo más importante de
esta zona. Para ello tenemos que disponer de equipamientos comerciales y
culturales atractivos y de calidad, servicios educativos avanzados, un polo de
universidades de referencia, servicios de salud, etc.
2. Pero es necesario superar, por un lado, la insuficiente
inversión en
Infraestructuras y, por
otra, la visión centralizada y radial que hoy impera en el diseño
infraestructural del Estado, tal y como han puesto de manifiesto también las
principales instituciones económicas catalanas. (ver apartado dedicado a
infraestructuras y financiación).
B) Internacionalización de la empresa catalana
1. Aumentar sensiblemente
las partidas del departamento competente
en materia de política industrial destinadas a favorecer
la
internacionalización de la empresa catalana.
2. Elaborar un plan estratégico de internacionalización de
la empresa que priorice el área mediterránea y de los PECO que incluya ayudas y
apoyo en destino. Aumentar las modulaciones de las ayudas públicas para estos
destinos. Incrementar la presencia de la Generalitat en estos países.
3. Poner en funcionamiento un instrumento público específico
para la
financiación del capital circulante para Pymes con
filiales en el
extranjero, durante el periodo de maduración del proyecto.
II. OCUPACIÓN Y TRABAJO
1. La situación de bonanza económica del país ha mejorado
sustancialmente las tasas de actividad y ocupación de la población catalana,
pero todavía subsisten importantes desequilibrios que hay que corregir para
alcanzar el objetivo básico de llegar a la plena ocupación, más estable y de
calidad.
Estos desequilibrios son, en síntesis:
· Déficit de formación de nuestra población activa
· Concentración de tasas demasiado elevadas de paro en
ciertos colectivos: mujeres, jóvenes, personas con baja cualificación,
colectivos de mayor edad y personas con discapacidades. Desequilibrios
territoriales por desarrollar sus potenciales de ocupación.
· Excesivos niveles de precariedad, temporalidad y alta
siniestralidad laboral.
2. La Generalitat dará el reconocimiento que corresponde al
papel
institucional de los sindicatos. En este sentido se promoverá
un gran
acuerdo nacional con los representantes del mundo económico y
social con el fin de establecer los grandes objetivos
estratégicos en el
terreno económico y social.
3. Principales líneas a desarrollar:
3.1. Reducir el exceso de temporalidad en la contratación hasta
situarla en las tasas similares a la media de la UE-15. Aplicar un plan para
reducir la siniestralidad laboral, incrementando las medidas y medios de
inspección y control y desarrollando un modelo de prevención con la
participación de todos los sectores implicados.
3.2. Alcanzar la delegación y el traspaso de recursos por parte
del Estado de las competencias en materia de Inspección laboral incluyendo el
Cuerpo de Inspectores, para conseguir un marco de fiscalización de la actividad
de las empresas y trabajadores en materia socio-laboral más eficiente en
relación al control del fraude y la ilegalidad en la contratación.
3.3. Desarrollar un plan integrado de políticas activas de
ocupación, que garantice los derechos básicos de las personas desempleadas para
potenciar su ocupabilidad. Se actuará en términos de orientación profesional,
mejora del nivel de la formación ocupacional, la formación a lo largo de la
vida, el respaldo a la autoocupación. En este sentido, se reformará el Servicio
de Ocupación de Cataluña, para que integre políticas, se descentralice y en el
que participen los agentes sociales y las administraciones territoriales.
3.4. Se actuará con la finalidad de desarrollar las
potencialidades del territorio para crear ocupación y mejorar la capacidad de
ocuparse de las personas mediante los acuerdos locales para la ocupación que
integran las empresas, la formación y la administración local, que ejercerá
competencias en materia de ocupación y formación.
3.5. Realizar un Plan Integral de formación profesional que
coordine los diferentes subsistemas reglados y no reglados (ocupacional y
continuada), basándose especialmente en la potenciación de la red de IES-SEP,
de manera que éstos devengan verdaderos centros integrales. En la definición de
la oferta de estos centros deben participar los agentes sociales y económicos y
las instituciones de los territorios. Reforzar las enseñanzas vinculadas a los
oficios. Será necesario también materializar el traspaso de los fondos y
competencias de formación continua en Cataluña.
3.6. Establecer un marco de negociación colectiva en
Cataluña, que vele para evitar las discriminaciones laborales, en particular
las de género, reduzca el exceso de temporalidad, promueva la seguridad en el
trabajo, evite el trabajo irregular, descentralice el Tribunal Laboral de
Cataluña, entre otras medidas que permitan avanzar hacia la configuración de un
marco de relaciones laborales catalán. La Generalitat promoverá, respetando la
autonomía de las partes y previa consulta con los agentes sociales, el
establecimiento de un salario mínimo de referencia en todos los convenios
colectivos de ámbito catalán.
3.7. Con el fin de avanzar hacia la conciliación de la vida
laboral y la personal y familiar y complementariamente a las medidas de
política social se actuará sobre los mecanismos de determinación de los
horarios laborales y de permanencia en el lugar de trabajo, para alcanzar una
mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades de las personas.
3.8. Para evitar la dualidad en el mercado de trabajo se
impulsarán medidas como planes de búsqueda personalizados de ocupación y de
formación adecuada a cada necesidad, con particular atención a los colectivos
más vulnerables o con especiales dificultades.
3.9. Alcanzar la convergencia con las tasas de actividad europeas,
en especial por lo que respecta a la tasa de actividad femenina y de la gente
joven.
3.10. Desarrollar una política activa de recuperación y
captación de mano de obra en los dos ámbitos siguientes:
a) Los descendientes de catalanes emigrantes a los que hay
que facilitar el regreso (desplegar la ley del retorno aprobada en el Parlament
de Cataluña).
b) El retorno de la emigración de universitarios y la
captación de universitarios profesionales de otros países, que pasa por una
mayor inversión en I+D para situarse en niveles europeos y para incorporar el
inglés como lengua en los ciclos superiores universitarios.
3.11 Potenciar la red de oficinas de contratación en origen
de la Generalitat (programa XILA-Red de Intermediación y Selección laboral en
origen, prevista en el Plan Interdepartamental de Inmigración 2001-2004), con
los criterios siguientes:
a) Priorizar Marruecos, los países de Europa del Este y
América Latina (tal y como recoge la resolución 1384/ VI del Parlament de
Cataluña), de donde puede venir la mano de obra más cualificada; para la
obtención de los papeles, difusión y conocimiento del país receptor (valores,
normas, entorno ocupacional)
b) Establecer en los países de origen convenios que
definan los mecanismos adecuados para la contratación de trabajadores/as
temporeros, velando por el procedimiento de contratación y las condiciones de
trabajo, alojamiento, atención social y sanitaria, así como las actividades
culturales y de ocio.
c) Integrar en la red la colaboración de los casales
catalanes en el exterior.
III. PYMES, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL
Destacamos la importancia
del trabajo autónomo en Cataluña, que aporta aproximadamente el 20% de la
ocupación y el 13% del PIB. El trabajo autónomo dependiente se enfrenta a una
problemática por la disparidad entre su situación de hecho y su consideración
jurídica y fiscal. Hoy la economía social no sólo tiene una importancia
económica significativa, sino que adquiere una importancia social en términos
de creación de ocupación, canalización de la actividad emprendedora de
colectivos y como respuesta a muchas necesidades sociales.
El tejido empresarial
catalán, basado mayoritariamente en la Pyme, es la principal fuente de
ocupación y se enfrenta a retos de competitividad, productividad y creación de
valor en la nueva sociedad del conocimiento.
1. Potenciar las medidas e instrumentos de ayuda a la
autoocupación y a la economía social.
a) Incentivar la autoocupación, mediante la creación de
microempresas y pequeñas empresas, ofreciendo asesoramiento respecto al plan de
empresa y/o formación para la gestión empresarial.
b) Unificar y ampliar en un solo instrumento las diferentes
ayudas económicas de fomento de la autoocupación independientemente de la
fórmula jurídica de la empresa que se constituye.
c) Ofrecer a los nuevos emprendedores asesoramiento y
formación con el fin de facilitar que los proyectos empresariales que resulten
de estas acciones tengan las mayores posibilidades de éxito. Las personas
beneficiarias de estas ayudas se considerarán prioritarias como beneficiarias
de formación específica o complementaria.
d) Introducir la fórmula de microcréditos como marco
financiero de ayuda a la iniciativa autoocupadora.
2. Impulsar, a nivel estatal o autonómico, la regulación
jurídica que reconozca la situación real del trabajo autónomo, los derechos
individuales y colectivos a los que pueden acreditar, su protección social y
equipar su fiscalidad a la del resto de trabajadores cuando se producen
situaciones de trabajo autónomo dependiente. Se elaborará un Estatuto del
Trabajador Autónomo para regular sus Derechos por parte de la Generalitat en el
ámbito de sus competencias y promoverá las reformas legales necesarias a nivel
estatal para:
a) Establecer dentro del régimen de autónomos la
cotización complementaria y voluntaria por cobertura de desempleo.
b) Establecer la posibilidad de cotización a tiempo
parcial dentro del régimen de autónomos en inicio de actividad o se compaginen
trabajos como contratado; así mismo, establecer la posibilidad de jubilación
parcial a partir de los 60 años.
c) Introducir la posibilidad de descontar el IVA
declarado en las facturas impagadas cuando se cumpla un año de su emisión.
d) Además, el Estatuto del Trabajador Autónomo deberá
permitir, entre otros derechos:
· Nuevas formas de capitalización de la prestación de
desempleo.
· El diferimiento de impuestos en el inicio de actividad.
· La alternativa voluntaria entre la Seguridad Social y
las mutualidades de previsión social.
· La configuración de la tipología del trabajador
autónomo dependiente y de sus derechos laborales y sindicales, los cuales
tendrán como modelo básico, con las pertinentes adaptaciones, los reconocidos
para los trabajadores por cuenta ajena.
· Separación efectiva del patrimonio personal del
patrimonio afecto a la actividad empresarial de los trabajadores autónomos
dependientes.
3. Desarrollar a través de un Instituto de Promoción
Empresarial, sobre la base de la actual CIDEM, el cual aplicará programas
similares al SBA y actuará también a través de agencias territoriales para
adaptarse al potencial y objetivos de cada territorio.
4. Estimular la difusión de la innovación en las Pymes,
mediante mecanismos específicos:
a) financiar a las Pymes de todo el territorio el acceso a
Centros Tecnológicos especializados sectorialmente, en función de la
especialización territorial, que proporcionen servicios e instalaciones para el
I+D.
b) Establecer una vía de financiación pública dirigida a
las Pymes, para la definición de sus estrategias de innovación.
c) Introducir mecanismos de “seed-capital” para Pymes
innovadoras surgidas del ámbito universitario.
d) Impulsar la aprobación, por parte del Estado, de la
ampliación a todos los proyectos de innovación de las Pymes, la deducción del
10% en el impuesto de Sociedades, que actualmente está vigente sólo par el
fomento de las TIC.
5. Impulsar la participación de las entidades de crédito en
la provisión de capital para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales:
a) Facilitar la creación de instrumentos financieros
(capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, bussiness angels, etc.),
incluso con la participación pública.
b) Creación de un fondo de avales de créditos destinado,
específicamente, a nuevos emprendedores que desarrollen su actividad en el
ámbito de los nuevos filones de ocupación catalogados en el Libro Blanco del
Pacto para la Ocupación en Cataluña. Este fondo contaría con la participación
de la administración.
6. Favorecer el desarrollo del sector de economía social
con medidas de apoyo en materia de formación, servicios tecnológicos,
asesoramiento, financiación y garantía recíproca, acceso a la contratación de
la administración, entre otras.
7. Apoyar el refuerzo de sus estructuras asociativas y
representativas y el fortalecimiento de su prestigio y visibilidad.
8. Promover en particular la Banca ética para respaldar
proyectos viables de economía social que contribuyan a las iniciativas
relativas a las nuevas necesidades sociales.
9. Elaborar una Ley de reconocimiento de las especificidades
de la producción artesanal.
IV. POLÍTICA INDUSTRIAL
Cataluña es un país
industrial con una estructura productiva basada en sectores transformadores y
en un predomino de la pequeña y mediana empresa. El peso de la industria
multinacional, con centros de decisión fuera de Cataluña, es también muy
importante, ya que representa aproximadamente el 50% de la producción y el 60%
de las exportaciones.
Todo esto configura un
sector productivo con puntos fuertes que nos vienen de la tradición industrial
resultante de las revoluciones de los siglos XIX y XX, pero también con puntos
débiles que hay que superar si queremos dar respuesta al reto que representan
las nuevas condiciones de competencia en una economía global.
En este marco hay que
definir y aplicar una nueva política industrial basada en los siguientes
puntos:
1. Reforma del sistema educativo y de la formación
profesional para elevar el nivel de cualificación de la población activa
catalana.
2. Aplicación de una política de investigación e
innovación, definida en el apartado correspondiente, y dirigida principalmente
a pmejorar el potencial innovador de la empresa catalana.
3. Aplicación de una política de Sociedad de la
Información, como la definida en el apartado correspondiente.
4. Promoción de nuevos sectores emergentes intensivos en
conocimiento.
5. Políticas de acuerdo con empresas multinacionales
implantadas en Cataluña para incrementar el valor añadido de sus plantas
industriales, especialmente en aquellas funci9ones más intensivas en
conocimiento.
6. Medidas dirigidas a potenciar los sectores industriales
presentes en Cataluña y de manera específica la que siguen: alimentario,
químico y farmacéutico, material de transporte, metal-mecánico, textil y
confección y material eléctrico.
7. Ayuda para el desarrollo de los ‘clusters’ o distritos
industriales en Cataluña y crear una red de centros tecnológicos vinculados a
estos distritos.
8. Impulso de planes estratégicos territoriales y
sectoriales, así como despliegue de los organismos existentes (“Todoempresa”)
que tienen la misión de llevar a cabo análisis prospectivos sobre el
comportamiento de diferentes sectores.
V. COMERCIO
· Mantener el criterio de potenciar el modelo comercial
catalán (basado en establecimientos y en trama urbana, principalmente
configurado por Pymes autóctonas y con pluralidad de formatos) en la revisión
del PTSEC y el eventual ajuste de la Ley de Equipamientos Comerciales.
· Favorecer actuaciones conjuntas de comercios pequeños
(compras, formación, modernización, calidad de producto, incentivos y
mecanismos de fidelización) para garantizar su competitividad y modernización.
· Mantener el Impuesto sobre grandes superficies.
· Garantizar que el consumidor tenga a su alcance de
manera ordenada y equilibrada una oferta comercial amplia y de calidad. Adecuar
la oferta a los nuevos hábitos de consumo y facilitar al consumidor el derecho
a escoger.
· Garantizar un marco igualador de las condiciones de
competencia entra los diferentes formatos: recuperación del marco horario de
aperturas de 72 horas semanales y 8 festivos anuales (atendiendo, si es el
caso, a las circunstancias del ámbito territorial, especialmente por lo que
respecta a las aperturas en festivos), incidencia sobre los condicionantes
financieros de la actividad comercial y cumplimiento ordenado de la normativa
vigente en materia de comercio en Cataluña. Mantener una política activa de
preservación de las competencias del Gobierno de Cataluña en materia de
comercio interior y de oposición a la normativa de horarios impuesta por el
Partido Popular.
· Controlar la realización de los POEC por parte de los
municipios:
a) vigilar que el uso de la superficie de libre disposición
con la que cuentan los municipios por el solo hecho de realizar un POEC
responda a criterios objetivos y demostrables de necesidad y no a la
especulación.
b) Que la Comisión de equipamientos comerciales sea un
instrumento técnico-político efectivo para evaluar el cumplimiento de la
normativa que regula el PTSEC en la realización de los POEC.
c) Diseñar un instrumento normativo transparente para evaluar
la reversión de plusvalías generadas por nuevas grandes implantaciones hacia la
dinamización del comercio preexistente.
· Crear el Consorcio de Dinamización Comercial de
Cataluña, como ente responsable de la coordinación de las actuaciones y programas
de dinamización territorial desplegados por el Gobierno de Cataluña y con
participación de los municipios, las cámaras de comercio y las principales
asociaciones de comerciante. Las funciones de este consorcio serían, entre
otras:
a) Definir los criterios de las actuaciones de dinamización
comercial en función del despliegue del Plan Territorial Sectorial de
Equipamientos Comerciales, los Programas de Orientación de los Equipamientos
Comerciales, elaborados por los municipios, y las situaciones locales de
concentración comercial.
b) Distribuir los fondos para programas de dinamización y
orientación comercial.
c) Desarrollar políticas activas de formación en el
sector comercial.
d) Impulsar, modernizar y dinamizar las ferias
comerciales de Cataluña, aumentando su proyección interior y exterior,
equipándolas con las infraestructuras necesarias para un crecimiento más
eficiente y racional.
VI. TURISMO
El sector turístico catalán
constituye una de las actividades centrales de la economía catalana y un factor
capital de promoción exterior de Cataluña. No obstante, presenta una serie de
deficiencias que hay que resolver. Entre otras:
Dificultades para
diversificar y desestacionalizar la oferta turística: saturación y masificación
de determinados destinos turísticos; insuficientes agilidad para afrontar los
nuevos retos derivados de la competitividad internacional; obsolescencia de
equipamientos y atraso tecnológico de captación profesional; degradación
paisajística y urbanística; dualización empresarial.
Es imprescindible consolidar
un modelo turístico competitivo, sostenible y de calidad y que valorice el
atractivo de los elementos identitarios de nuestro país como la cultura, la
historia, la gastronomía y el paisaje.
Las principales líneas
programáticas a desarrollar serán:
1. Remodelación de la política de promoción de los recursos
turísticos y las demarcaciones turísticas de Cataluña.
1.1. Impulsar la labor de la agencia Catalunya Turismo en la
promoción directa en los mercados emisores de los aspectos que identifican e
individualizan la marca turística Cataluña, sus marcas específicas y, en
particular, las acciones dirigidas a incrementar el potencial de los elementos
patrimoniales, culturales e históricos propios de Cataluña.
1.2. Fomentar la creación de ‘labels’ y sellos de calidad
con estándares exigentes (incluida la creación de la marca Catalunya) que
garanticen y doten de prestigio la oferta turística catalana en todos los
mercados e incremente la competitividad.
2. Planificación del desarrolla de las infraestructuras
turísticas con el fin de hacer compatible el potencial de crecimiento
económico, el equilibrio territorial y la sostenibilidad ambiental de la
actividad.
2.1. Elaborar y aprobar el Plan Territorial de Turismo de
Cataluña, con el fin de conocer territorializadamente los recursos turísticos
disponibles; las áreas saturadas y deficitarias; valorar los impactos
económicos, territoriales y ambientales; determinar criterios de actuación que
vinculen a las administraciones y a los operadores, que deben conducir al
reequilibrio territorial y fomentar la diversificación y desestacionalización.
2.2. Instrumentar programas específicos para la formación y
cualificación de trabajadores del sector. Crear, con la cooperación del ámbito
universitario, uno o diversos centros de I+D+i en materia de turismo, tanto
para mejorar la actualmente deficitaria información de base y la evolución de
la demanda, como para innovar instalaciones, tipos de servicios y nuevos
productos.
2.3. Potenciar el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en la difusión interior y exterior de los recursos turísticos
de Cataluña, en las relaciones entre la Administración y los sujetos
turísticos, y en los servicios y la información de las personas usuarias.
2.4. Modernizar las instalaciones y equipamientos actuales
y aplicar con rigor los criterios de cualificación de los centros y
establecimientos turísticos.
3. Configuración de una administración turística y un
sistema de financiación de los recursos públicos que permitan el desarrollo de
las actividades turísticas en condiciones de calidad y de futura viabilidad.
3.1. Configurar una administración turística reformada en
la cual el sector se pueda sentir identificado y representado, a la vez que se
garantiza la financiación y la implicación de todos los sectores
institucionales, económicos y sociales.
3.2. Avanzar en la resolución de la financiación de los municipios
turísticos.
3.3. Dotar a todas las administraciones responsables de los
instrumentos financieros y de asistencia técnica necesarios y posibilitar
proyectos consorciados y coordinar y ampliar la implicación financiera desde el
Gobierno catalán de las tareas de promoción y comercialización, dando apoyo a
las iniciativas locales públicas y privadas.
3.4. Establecer una línea presupuestaria específicamente
destinada a facilitar la conversión en recursos turísticos de elementos
significativos a nivel local del patrimonio histórico y artístico de Cataluña.
3.5. Mejorar los servicios públicos que forman indirectamente
parte del producto turístico, como seguridad, transporte público,
telecomunicaciones, etc.
VII. CAMPESINADO Y SECTOR
AGROALIMENTARIO
La propuesta de acuerdo
programático pivotaría en torno a seis ejes:
I. Impulsar la competitividad y la calidad del sector
agroalimentario
· Garantizar la producción de alimentos seguros, de
calidad, respetuosos con el medio ambiente, de manera eficiente y de acuerdo
con las exigencias del consumidor, mediante la existencia de controles
efectivos.
· Incentivar la fusión de cooperativas y la formación de
cooperativas de segundo grado a través de un verdadero Plan de Modernización
del Cooperativismo agrario.
· Durante el año 2004 se definirán las líneas
prioritarias y los sectores estratégicos de desarrollo de la Producción agraria
con la redistribución correspondiente de los Fondos procedentes de la PAC
(Producción Integrada, Agroindustria, Porcicultura…)
II. Apostar por el equilibrio territorial y la sostenibilidad,
mediante la consolidación y la potenciación de la presencia del campesinado en
el territorio y la mejora de su relación con la sociedad.
· Establecer un catálogo de clasificación de espacios de
especial interés agrario.
· Mejorar la inserción de la actividad agraria en la
gestión del territorio y con el establecimiento hasta finales del año 2005 de
programas específicos en infraestructuras rurales (caminos, electrificación,
teléfono y acceso a las nuevas tecnologías).
· A partir del registro de Explotaciones Agrarias se
establecerá el Contrato Territorial de Explotación.
· Definir y clasificar las explotaciones prioritarias
para asegurar la continuidad de la actividad agraria como factor de mejora del
equilibrio territorial. En este sentido, antes de finales de 2005 se
implementarán las medidas legales, fiscales y administrativas necesarias
(bonificación o exención del impuesto de transmisiones patrimoniales,
modulación de ayudas dando prioridad a la explotación directa,..)
III. Diseñar una nueva administración agraria y dotarla del
respaldo financiero apropiado
· Promover la regionalización de la PAC
· Promover la candidatura de Barcelona como sede de la
autoridad europea de seguridad alimentaria
· Impulsar la simplificación de los trámites
administrativos mediante la creación durante el año 2004 de la Oficina de
Estudios de adaptación a la normativa europea, avanzar en la delimitación y
aplicación de las medidas que contribuyen al fortalecimiento del mundo rural
catalán.
· Durante el año 2004 establecer un auténtico programa de
sanidad animal con unificación de criterios y atención especial a la
prevención.
· Favorecimiento y respaldo a las tecnologías de
minimización de impacto ambiental (purines, cadáveres, agroquímicos…)
· Durante los seis primeros meses del año 2004, creación
del Cuerpo de Pesadores y Clasificadores de canales de mataderos con la
participación de todos los agentes del sector.
· Consolidar la Administración Agraria como
administración de servicios y participativa aprovechando las oportunidades que
la PAC y su reforma ofrecen para poner en marcha una verdadera política agraria
catalana.
· Recuperar y reivindicar la función de asesoramiento y
transferencia del anterior servicio de extensión agraria creando el Servicio de
Asesoramiento y Gestión Agraria (SEAGA).
· Crear el Consejo Asesor Agrario y potenciar las tablas
de fomento, modernización y sectoriales como instrumentos de concertación de la
política rural y agraria de la Generalitat de Cataluña.
· Potenciar la investigación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica a través del Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias de las universidades.
· Acceso directo a las Instituciones Europeas: en tanto
que Administración única, estar presente en Europa para defender un modelo
propio de gestión agraria y rural.
IV. Impulsar la nueva cultura del agua.
· Nuevos riegos. Asegurar la viabilidad de las
infraestructuras hidráulicas con políticas de restitución de las inversiones a
la Administración adaptadas a la rendibilización real de las explotaciones
afectadas.
· Establecimiento progresivo de líneas de ayudas
orientadas a las explotaciones prioritarias para modernización y renovación de
las tecnologías del riego hasta alcanzar una dotación de 30 millones de
euros/año en el contexto de una política realista en la utilización y el ahorro
del agua.
· Revisión y control de todos los gastos comprometidos en
infraestructuras hidráulicas con especial atención al canal Segarra-Garrigues.
· Revisión durante el año 2004 de la afección
medioambiental de los nuevos riegos y establecimiento de las zonas de exclusión
definitivas y las compensaciones adecuadas a los agricultores afectados en base
a estudios científicos y técnicos reales.
V. Consolidar la empresa familiar agraria:
· Consolidar las explotaciones familiares sobre la base
de una empresa familiar agraria moderna, competitiva y diversificada.
· Observatorio de la empresa agraria y establecimiento
de la red de explotaciones modelo.
· Redacción y aplicación de Planes Estratégicos de
Actuación por sectores de actividad.
· Creación de una Mutua Catalana de Seguros Agrarios.
· Durante el año 2004, desarrollar el derecho civil
catalán con la elaboración de una nueva legislación de contratos de cultivo que
permita superar las figuras que crean inseguridad y hacer más transparente el
mercado de la tierra.
· Constitución de un Fondo de Tierras que facilite el
acceso de los jóvenes a la agricultura y permita dimensionar las explotaciones
a tamaños realmente competitivos.
· Se considerará prioritario impulsar acciones destinadas a la incorporación de la Mujer en